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    La mejora de la Formación Profesional requiere de diálogo social

      11/01/2019.
      FP

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      El Consejo de Formación Profesional ha echado a andar, después de nueve años de inactividad, aunque todavía falta iniciar el diálogo social e impulsar los grupos de trabajo. La mejora de la formación requiere avanzar en la interlocución institucional.

      El cambio de Gobierno parece haber supuesto la recuperación del papel constitucional de los agentes sociales, que es de esperar que se mantenga al menos mientras éste dure. Ha habido giros en las negociaciones de la nueva convocatoria de formación de oferta, en los reales decretos negociados que regulan el Sistema de Formación para el Empleo en el ámbito laboral.

      Sin embargo, todavía seguimos en formación, como en tantas otras materias, a la expectativa. Sea cuando sea, para CCOO, es fundamental la coordinación y actuación conjunta de los ministerios de Educación y de Trabajo para abordar los retos que tiene la formación profesional para el empleo.

      Actualmente, está en vigor la ley 30/2015 de Formación Profesional para el Empleo. Esta norma legal supuso la implantación de grandes barreras para el desarrollo de la formación tal y como lo habíamos entendido siempre en CCOO, como un derecho constitucional, individual y colectivo, un derecho de las personas a formarse a lo largo de toda la vida y cuyo acceso debe ser universal.

      Es prioritario superar los obstáculos impuestos por la ley con un trabajo conjunto, un esfuerzo de análisis, reflexión y evaluación entre quienes intervenimos: administraciones, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Con el diálogo social como garantía de tratamiento colectivo de los problemas y con criterios compartidos de equidad y solidaridad.

      En los últimos tiempos se ha producido un descenso de la financiación de la Formación Profesional para el Empleo. En los años del Gobierno del PP se redujeron drásticamente los fondos destinados a la formación de oferta de trabajadores y trabajadoras ocupados y desempleados.

      Aunque se mantuvieron los dirigidos a la formación programada por las empresas, el presupuesto global del sistema estuvo por debajo de lo recaudado en concepto de cuota de Formación Profesional. Esto se explica por varios factores, como la falta de convocatorias de ayudas estatales y autonómicas, el desvío de fondos procedentes de la cuota a iniciativas que no formaban parte del sistema, la incapacidad de los centros de formación de afrontar las condiciones de financiación de los planes, etc. De cualquier forma, en la actualidad, los remanentes del Sistema ascienden a más de 1.500 millones de euros.

      Otra consecuencia de lo acontecido en los últimos años ha sido el descenso del alumnado, especialmente los colectivos más vulnerables y de las tasas de participación; llamativo es también el descenso de la tasa de cobertura empresarial, en especial de las micropymes.

      Tras analizar y revisar el actual sistema, CCOO mantiene su premisa de que la formación se debe enmarcar en la negociación colectiva, entroncada con los desarrollos del Sistema Nacional de las Cualificaciones. Tenemos que conseguir la relación estrecha entre el desarrollo del sistema de cualificaciones con lo que establecemos en los convenios colectivos, con los sistemas de clasificación profesional y la determinación de las condiciones de trabajo y relaciones laborales.

      Las medidas propuestas por CCOO parten de la consideración de la formación como un derecho individual, reconocido por las normas que regulan las relaciones laborales y, por tanto, también como derecho colectivo que forma parte de nuestra acción sindical y que debe ser atendido a través de la negociación colectiva.

      Quedó establecido por la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral el destino de 20 horas anuales para formación. Para que este derecho se haga efectivo es necesario que el trabajador y la trabajadora pueda acceder a una oferta de formación gratuita. Algunos convenios colectivos ya recogen la obligación empresarial de proporcionar cursos en determinadas materias a sus empleados y empleadas. Tenemos que extender el reconocimiento explícito de este derecho.

      El derecho individual a la formación se completa con los Permisos Individuales de Formación destinados al desarrollo personal y profesional de trabajadoras y trabajadores con menor nivel educativo; sin embargo, los datos sobre su utilización son exiguos. Hemos de reforzar su difusión entre la representación legal de los trabajadores y trabajadoras y las plantillas.

      Resulta de vital importancia la estabilidad normativa, presupuestaria y de financiación y gestión del sistema de Formación Profesional para el Empleo para lo que es ineludible la renovación anual de los recursos procedentes de la cuota específica para tal fin.

      Igualmente importante es la cooperación entre los distintos ámbitos de las administraciones públicas, eliminando la tensión y falta de integración en materia de Formación Profesional entre la autoridad laboral y la educativa o entre la administración central y autonómica.

      Para CCOO es clave la utilización de la red de centros públicos del Estado, Centros de Referencia Nacional, Observatorios y otros centros formativos acreditados y registrados para una enseñanza de calidad y ajustada a las necesidades del mercado.

      Nuestra tarea nuclear es conseguir que la negociación colectiva contribuya a la extensión de la formación de calidad y así lograr que trabajadores y trabajadoras puedan adquirir los niveles de cualificación necesarios para el progreso real de este país. Fortalecer la participación de la representación legal de los trabajadores en la planificación de la formación es un pilar para hacer democráticas las empresas de nuestro país. Seguimos potenciando la figura de un delegado o delegada de Formación en las empresas.

      Es vital que el futuro sistema preste atención a las trabajadoras y trabajadores más vulnerables que sufren mayores dificultades de acceso a la formación o de acceso y permanencia en el empleo. CCOO no nos olvidamos de la atención a las PYME y sus plantillas, eterna asignatura pendiente.

      Tenemos también que acercar las iniciativas de formación al origen de las necesidades formativas: protagonismo del diálogo social y la negociación colectiva sectorial estatal que se articulará a través de las estructuras paritarias creadas a su amparo y que fijarán la formación específica para la mejora del nivel de cualificación de las personas trabajadoras.

      Por último, para CCOO la formación dual pasa por derogar el RD 1529/2012 que regula sus bases. Para nosotros debe normarse estableciendo la relación empresa-alumno/a bajo la modalidad del contrato para la formación y el aprendizaje, para formación exclusivamente vinculada a títulos de FP y Certificados de Profesionalidad.

      Deben fijarse también los requisitos para las empresas, desde la cualificación de tutores-as hasta la política laboral (calidad del empleo y respeto a los derechos laborales), evitando los abusos y la sustitución de trabajadores y trabajadoras que estamos sufriendo. Para ello, se debe regular la intervención de los órganos bipartitos creados al amparo de la negociación colectiva en el desarrollo y seguimiento de la formación dual.

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